Históricamente, la supervisión y regulación de las obras de infraestructura en la República Dominicana ha estado bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Esta institución, a través de su Departamento de Edificaciones, era la encargada de aprobar los planos de todas las edificaciones del país, recaudar los impuestos correspondientes por este servicio y supervisar las obras hasta su culminación.

Este sistema había establecido un equilibrio entre la necesidad de regular el sector y permitir su crecimiento sostenido.

A partir del año 2021, con la creación del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) mediante la Ley 160-21, estas responsabilidades fueron transferidas a la nueva institución. Este cambio representó una reestructuración significativa en la administración pública dominicana, justificada por la necesidad de especializar las funciones gubernamentales relacionadas con la vivienda y la construcción.

Este traspaso de competencias representó no solo un cambio administrativo, sino también una oportunidad para revisar y actualizar los procesos, normativas y tarifas relacionadas con el sector. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una transformación orientada a mejorar la eficiencia, ha derivado en una situación controvertida con el reciente incremento de tasas, cuya magnitud y justificación son objeto del presente análisis.

Situación Actual del Sector Construcción en República Dominicana

El sector de la construcción en República Dominicana atraviesa actualmente uno de sus momentos más críticos de los últimos cinco años. Los indicadores económicos muestran un panorama preocupante caracterizado por un estancamiento generalizado y, en algunos segmentos, un franco decrecimiento. Este deterioro se manifiesta en múltiples dimensiones que afectan tanto a las grandes empresas constructoras como a los pequeños contratistas.

Entre los factores que han contribuido a esta situación podemos identificar: el incremento en los costos de los materiales de construcción, la inflación generalizada que ha reducido el poder adquisitivo, las altas tasas de interés para los préstamos hipotecarios y de construcción.

El Incremento Tarifario del MIVED: Análisis y Cuantificación

El reciente incremento tarifario implementado por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) representa un cambio drástico en la estructura de costos para el desarrollo de proyectos de infraestructura en República Dominicana.

Este incremento, calificado por diversos sectores como «desproporcionado», merece un análisis detallado para comprender su magnitud y las posibles motivaciones detrás de esta decisión gubernamental.

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) ha actualizado sus tarifas para inspecciones y licencias de construcción en 2025, con aumentos que alcanzan hasta un 800% respecto a los montos vigentes desde 2016

Nuevas tarifas de inspección

Las tarifas varían según el tipo de proyecto, el tamaño y el día de la inspección:

• Proyectos residenciales de hasta dos niveles:
  • Inspección en días hábiles: RD$5,500
  • Inspección en sábados: RD$11,000
  • Inspección final: RD$11,000 (días hábiles) / RD$22,000 (sábados)
• Edificaciones residenciales con más de dos niveles y más de 1,500 m2:
  • Visita de inspección: RD$14,000
  • Inspección final: RD$19,000
  • Si se realiza en sábado, el monto puede subir hasta RD$38,000.
• Proyectos turísticos:
  • Inspecciones en días hábiles: RD$17,000 – RD$45,000
  • Inspecciones en sábados: RD$34,000 – RD$90,000.

Licencias de construcción

Las licencias de construcción ya no tienen un precio fijo, sino que se calculan como el 0.1% del valor de tasación del proyecto. Por ejemplo, un proyecto valorado en RD$100 millones pagará RD$100,000 por la licencia

Falta de Transparencia

El incremento se ha implementado sin un proceso de consulta con los actores  del sector y sin publicar estudios técnicos que justifiquen los nuevos montos.

Ausencia de Gradualidad

No se ha establecido un esquema de implementación progresiva que permita al sector adaptarse a los nuevos costos regulatorios.

Desconexión Contextual

Las nuevas tarifas parecen ignorar la realidad económica actual del sector construcción, que atraviesa una fase de contracción.

Particularmente preocupante resulta la ausencia de una justificación técnica o económica que respalde la magnitud de estos incrementos. El MIVED no ha publicado estudios de costos operativos, análisis comparativos con otros países de la región, ni evaluaciones de impacto que permitan comprender la necesidad y proporcionalidad de las nuevas tarifas. Esta opacidad en la toma de decisiones genera incertidumbre y desconfianza entre los actores del sector, quienes perciben la medida como arbitraria y potencialmente recaudatoria más que regulatoria.

Impacto a Corto Plazo: Efectos inmediatos en el sector

El incremento tarifario implementado por el MIVED estaría generando efectos inmediatos que agravan la ya compleja situación del sector construcción en República Dominicana. A corto plazo, los impactos más significativos se manifiestan en múltiples dimensiones que afectan tanto a desarrolladores como a consumidores finales.

En primer lugar, se observa una paralización o posposición de proyectos que se encontraban en fase de planificación.

Numerosos desarrolladores han optado por detener temporalmente la solicitud de permisos de construcción mientras evalúan la viabilidad financiera de sus proyectos bajo el nuevo esquema tarifario.

Reestructuración de presupuestos

Los desarrolladores se ven obligados a revisar y ajustar los presupuestos de proyectos ya planificados, lo que genera retrasos y potenciales cancelaciones.

Reducción de márgenes

Absorción parcial del incremento por parte de los constructores, reduciendo su rentabilidad en un contexto ya complicado por el aumento de costos de materiales

Traslado de costos al consumidor

Inevitable aumento en los precios finales de viviendas y locales comerciales, reduciendo la accesibilidad para potenciales compradores.

Incremento de la informalidad

Aumento de construcciones sin los permisos correspondientes, especialmente en proyectos pequeños y medianos, incrementando riesgos de seguridad y urbanísticos.

Particularmente preocupante resulta el potencial aumento de la informalidad en el sector. El elevado costo de los trámites oficiales está incentivando que algunos constructores, especialmente los de menor escala, opten por evadir parcial o totalmente los procesos regulatorios. Esta situación no solo representa una pérdida recaudatoria para el Estado, sino que también implica serios riesgos en términos de seguridad estructural y cumplimiento de normativas urbanísticas.

Consecuencias a mediano y largo plazo

Si analizamos las potenciales repercusiones del incremento tarifario más allá del horizonte inmediato, encontramos que las consecuencias podrían ser aún más profundas y estructurales para el sector construcción y la economía dominicana en general. El impacto a mediano y largo plazo se proyecta en diversas dimensiones interconectadas que afectarán tanto al mercado inmobiliario como al desarrollo urbano y económico del país.

Contracción del mercado inmobiliario

Reducción sostenida en la oferta de nuevas viviendas y espacios comerciales, creando un desequilibrio que eventualmente presionará los precios al alza en el mercado
secundario.

Déficit habitacional

Agravamiento del ya existente déficit de viviendas, particularmente en segmentos económicos medios y bajos, donde la elasticidad-precio es mayor.

Reducción de la contribución al PIB

Disminución progresiva de la participación del sector construcción en la economía nacional, afectando el crecimiento económico general del país.

Pérdida estructural de empleo

Eliminación permanente de puestos de trabajo directo e indirecto, con la consecuente pérdida de capacidades y talento especializado en el sector.

Un aspecto especialmente relevante es el impacto sobre la inversión extranjera en el sector inmobiliario dominicano.

República Dominicana ha sido tradicionalmente un destino atractivo para inversores internacionales en proyectos turísticos e inmobiliarios. Sin embargo, el incremento tarifario, combinado con la percepción de inestabilidad regulatoria que genera un cambio tan abrupto, podría redirigir estos flujos de inversión hacia otros países de la región con condiciones más favorables y predecibles.

Adicionalmente, el aumento en los costos de desarrollo se trasladará inevitablemente al precio final de las viviendas, exacerbando el problema de accesibilidad habitacional. Este efecto será particularmente severo en los proyectos de vivienda social y de clase media, segmentos donde existe un déficit significativo y donde pequeñas variaciones en el precio pueden excluir a numerosas familias del mercado formal de vivienda. A largo plazo, esto podría traducirse en un crecimiento de asentamientos informales y un deterioro de las condiciones habitacionales para sectores importantes de la población.

La sostenibilidad fiscal del propio MIVED también podría verse comprometida. Si bien el incremento tarifario busca presumiblemente aumentar los ingresos del ministerio, la elasticidad-precio de la demanda podría generar el efecto contrario: una recaudación menor debido a la reducción en el número de proyectos que solicitan permisos o a un aumento de la evasión. Este escenario pondría en riesgo la capacidad operativa de la institución y, paradójicamente, su efectividad regulatoria.

Conclusiones y recomendaciones

El análisis realizado a lo largo de este documento evidencia que el incremento tarifario implementado por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) representa una medida desproporcionada y potencialmente contraproducente en el contexto actual del sector construcción dominicano. La magnitud del aumento, la ausencia de justificación técnica y la falta de gradualidad en su implementación configuran un escenario adverso que amenaza con profundizar la crisis que ya enfrenta este importante sector económico.

Revisión urgente de tarifas

Es imperativo que el MIVED reconsidere el esquema tarifario implementado, estableciendo tasas más proporcionadas y acordes con la realidad económica del sector y la región.

Diálogo sectorial

Establecer mesas de trabajo con representantes de ACOPROVI, CODIA y otros colegios profesionales y otros actores relevantes para diseñar políticas consensuadas.

Implementación gradual

Cualquier incremento necesario debería aplicarse progresivamente en un plazo razonable, permitiendo al sector adaptarse sin impactos
severos.

Modernización de procesos

Invertir en la digitalización y simplificación de trámites que justifiquen parcialmente los aumentos mediante una mejora sustancial en el servicio ofrecido.

El sector construcción no es simplemente una industria más dentro del espectro económico dominicano; constituye un pilar fundamental que genera empleo directo e indirecto, impulsa múltiples industrias auxiliares y contribuye significativamente al desarrollo urbano y a la satisfacción de necesidades habitacionales básicas de la población. Su salud es, por tanto, un asunto de interés nacional que trasciende las consideraciones meramente fiscales o recaudatorias.

Es comprensible que el MIVED requiera recursos adecuados para cumplir eficazmente su función reguladora. Sin embargo, estos recursos deben obtenerse a través de esquemas que equilibren la sostenibilidad institucional con la vitalidad del sector que supervisa. Un enfoque más estratégico podría incluir la diversificación de fuentes de financiamiento, la optimización de procesos internos y la implementación de tecnologías que reduzcan costos operativos.

Finalmente, es fundamental recordar que la política fiscal y regulatoria debe ser una herramienta para estimular el desarrollo económico, no un obstáculo para el mismo. En un momento en que el sector construcción dominicano enfrenta desafíos significativos derivados de factores externos, las instituciones gubernamentales deberían adoptar un enfoque facilitador que ayude a superar la crisis actual, en lugar de implementar medidas que la agraven. El futuro del desarrollo urbano, la accesibilidad habitacional y la competitividad económica del país dependen en gran medida de la capacidad para encontrar este equilibrio.